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Los fondos para infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires provienen de tres juridicciones estatales: la Dirección de Infraestructura Escolar de la DGCyE, de los Consejos Escolares por el denominado Fondo Compensador y del Fondo Educativo que transfiere la provincia a los municipios. 

Los que corresponden a la ciudad de La Plata, por dar un ejemplo, recibieron, en el primer semestre de 2018, 11 millones de pesos (en el caso del Consejo Escolar) y 111 millones de pesos (en el caso del municipio). ¿Qué se ha hecho con esos recursos? Esa es la pregunta que se hacen las comunidades educativas. La trágica muerte de Sandra, directora de la escuela 49 de Moreno, y Rubén, auxiliar de la misma escuela, el pasado jueves, puso de luto a toda la educación del país. El Estado es responsable. Los argentinos, lamentablemente, nos venimos acostumbrando a la desidia, al incumplimiento de las normas, a vivir en la emergencia. Necesitamos ya crear instrumentos para hacer más eficaces los procedimientos administrativos que permiten que los recursos lleguen a las escuelas. El último censo de infraestructura escolar realizado por el ministerio de Educación de la provincia determinó que el 75% de las escuelas tienen problemas edilicios. Ya es hora de declarar la emergencia en infraestructura escolar, y que los legisladores de la provincia de Buenos Aires, en representación de las familias, convoquen al dialogo a los actores del sistema para encaminar un proceso urgente de reconstrucción de nuestro sistema educativo. Una sociedad que no cuida a sus escuelas no tiene futuro.

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